En el ciclo neoliberal contemporáneo predomina de manera saliente el capital financiero. Lejos de las viejas imágenes del capitalismo industrial enfocadas en la producción de bienes tangibles, la égida del capital de especulación y las «big tech» se ha aliado con tecnocracias globales para subsumir la economía real. Este patrón de acumulación no opera en el vacío; su mayor triunfo es la colonización de la vida cotidiana. La financiarización no es un mero indicador macroeconómico; es una experiencia de angustia y dependencia que se vive en el supermercado, en el trabajo y en el núcleo del hogar.
En Chile, el endeudamiento de los hogares se ha transformado en el verdadero motor de la economía real, funcionando el retail y el consumo a crédito como un salario encubierto. Los datos son categóricos: los hogares chilenos cerraron el año 2025 con una deuda equivalente al 46,2% del PIB, y un 57,4% de las familias vive endeudada. Detrás de estas cifras se esconde un fenómeno generacional dramático: los Millennials destinan, en promedio, el 48% de sus ingresos mensuales al pago de pasivos, atrapados en patrones de consumo insostenibles y círculos viciosos de insolvencia.
El síntoma del embargo: El «manotazo» de la Tesorería como violencia institucional
El reciente recrudecimiento de los embargos y el vaciamiento intempestivo de cuentas corrientes a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) es el síntoma más agudo de este modelo.
El desgarrador testimonio de Hugo Silva Lemus, vocero de la Coordinadora Nacional de Deudores del CAE, grafica la deshumanización de este mecanismo:
«Yo fui de la generación que firmó el CAE en 2006. Pedí originalmente 11 millones de pesos. Pagué durante 7 años un total de 8 millones de pesos mientras tuve trabajo estable. Tras quedar cesante, vino la pandemia y las crisis. El 28 de mayo me encontré con mis cuentas corrientes vaciadas, en saldo cero, por más de $2.600.000 pesos, sin previo aviso ni de mi banco ni de la Tesorería General de la República. Hoy, tras haber pagado 8 millones, resulta que sigo debiendo 11.5 millones de pesos. Debo más que el capital original».
Esta realidad de «propiedad en contra» o «mochila permanente» redefine los proyectos de vida de la clase media profesional chilena. Quienes accedieron a la educación superior buscando movilidad social terminan atrapados en un sistema donde 7 de cada 10 chilenos vive con preocupación constante por sus deudas, y un 76% reporta daños en su salud mental, relaciones de pareja y proyectos de vida.
El análisis técnico-jurídico: Un cobro abusivo e ilegal
Desde el punto de vista institucional y jurídico, la ofensiva de la Tesorería General de la República (TGR) —organismo dependiente del Ministerio de Hacienda— reviste un carácter sumamente cuestionable. Como expone la abogada y directora ejecutiva de Nodo XXI, Camila Miranda:
- La distorsión del procedimiento administrativo: Se está utilizando un procedimiento sumario y excepcional diseñado exclusivamente para el cobro de obligaciones tributarias (impuestos) con el fin de cobrar un crédito de consumo bancario común.
- Infracción a la normativa especial: La propia ley que regula el CAE establece de forma expresa que las cobranzas deben remitirse a los procedimientos judiciales ordinarios, excluyendo las prerrogativas de ejecución exprés que hoy ejecuta la TGR.
- Vulneración del debido proceso: Al vaciar cuentas sin notificación previa ni derecho a defensa inmediata, se infringe la garantía constitucional del debido proceso (Art. 19 N°2).
- El doble estándar de la recaudación fiscal: Mientras la Tesorería despliega una «obstinación persecutoria» contra profesionales precarizados y deudores de clase media [105], se reportan escandalosos casos de negligencia donde el fisco «olvidó» cobrar más de $30.000 millones de pesos a grandes comercializadoras.
La devaluación de los títulos y la ilusión del «capital humano»
Para entender cómo el sistema del CAE se desbordó por completo, es imperativo realizar un análisis histórico de su diseño estructural. Como destaca el investigador y ex subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana:
«El CAE fue diseñado bajo la premisa de un crédito hipotecario. Se asumió erróneamente que un título universitario aseguraría retornos económicos individuales suficientes para pagar la deuda sin problemas».
Sin embargo, el sistema «se salió de las manos» de forma dramática. El diseño original proyectaba tener apenas 35.000 créditos en su octavo año de funcionamiento; en la realidad, superó los 350.000 créditos (una desviación del 1.000%) [89]. Al expandirse la matrícula sin planificación estatal ni vínculo con la estructura ocupacional del mercado laboral, se produjo una masiva devaluación de los títulos profesionales.
Hoy, los cartones universitarios cuestan más pero valen menos en términos de plusvalía salarial. Como las vacantes laborales bien remuneradas son rápidamente capturadas por sectores de altos ingresos, la clase media profesional se enfrenta a la paradoja de pagar tasas usureras (que originalmente partieron en UF + 6% antes de la movilización estudiantil de 2011) por un activo que ya no garantiza la movilidad social prometida.
El juicio moral y la trampa de la responsabilidad individual
El debate actual no es meramente técnico, sino profundamente ideológico y moral [106]. La derecha y los sectores tecnocráticos insisten en un discurso punitivo centrado exclusivamente en el «cumplimiento de deberes» y la «responsabilidad individual» del deudor. Esta narrativa busca culpabilizar a las personas por problemas de carácter estructural.
Como se señaló en el programa Turno:
«La deuda bajo el capitalismo financiero rompe la noción clásica de intercambio económico. Su lógica es la financiarización: cobrarte de manera perpetua por el acceso a derechos sociales básicos que deberían ser comunes o públicos».
Cuando el Estado se retira y traspasa la provisión de la salud y la educación al mercado, la deuda se transforma en el único mecanismo disponible para garantizar derechos fundamentales. No estamos ante «deudores irresponsables», sino ante familias que debieron elegir entre pagar cotizaciones de salud (Fonasa) o pagar la cuota de un crédito estudiantil usurero.
Propuestas: Detener el abuso y transitar hacia los derechos
La salida a esta crisis multidimensional no se agota en la necesaria «educación financiera». Si bien la autoformación y el ordenamiento de las finanzas familiares son urgentes ante la agresividad del sistema bancario [3, 112, 123], el problema de fondo exige transformaciones de carácter estructural.
Desde la Fundación Nodo XXI reafirmamos que las soluciones urgentes e importantes deben transitar por:
- Detener de inmediato los cobros abusivos y los embargos exprés de la Tesorería General de la República a las cuentas de sueldos y ahorros de la clase trabajadora.
- Acelerar la tramitación de un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (como el proyecto FES, bloqueado sistemáticamente en el Senado por la oposición), eliminando la intermediación bancaria y la lógica del rentismo.
- Consolidar el horizonte de la gratuidad universal para que estudiar deje de significar comenzar la vida laboral con «una propiedad en contra».
La contradicción política expuesta por el expresidente Gabriel Boric grafica la disputa de fondo: mientras se desata una violencia inaceptable vaciando las cuentas de familias trabajadoras por deudas de estudio [109], los mismos sectores políticos justifican este castigo y votan en contra de levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado .
La educación es un derecho, no un espacio para la extracción de rentas financieras. Es hora de recuperar la cordura económica y la soberanía sobre nuestras vidas cotidianas.
Nota desarrollada en colaboración con el proyecto «Pensamiento estratégico en tiempos de crisis» de la Fundación Rosa Luxemburgo y la Fundación Nodo XXI .