Por: Juan Andrés Mena V., abogado y magíster en políticas públicas, investigador de Nodo XXI
En un estudio anterior, Nodo XXI había advertido que las medidas tributarias del proyecto de ley «Para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social» (Boletín 18216-05) generaban importantes conflictos de interés en el gabinete del Presidente José Antonio Kast. Según ese análisis, las autoridades de gobierno podrían llegar a percibir M$292.515.734 por concepto de beneficios derivados de la misma reforma que promueven, cifra equivalente al 11,24% de la meta de reducción del gasto público del 3% anunciada por el propio gobierno.
Con la aprobación del proyecto tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, extendimos el análisis a quienes tienen la facultad de aprobar o rechazar la reforma: las y los parlamentarios. El ejercicio busca identificar eventuales infracciones al artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que obliga a los parlamentarios a inhabilitarse de votar asuntos que les interesen directa o personalmente a ellos, a sus cónyuges, o a sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
Qué se analizó
En el Senado, revisamos el patrimonio de las 25 senadoras y senadores que, en la discusión en particular del Boletín 18216-05, votaron a favor de todas las disposiciones aprobadas. En la Cámara, revisamos el patrimonio de los 76 diputados y diputadas que conforman la coalición de gobierno. En ambos casos, la información proviene de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio disponibles en el portal de Datos Abiertos de Info Probidad, y se identificaron las disposiciones del proyecto para las que fue posible estimar, de manera razonable y responsable, un potencial conflicto de interés: la integración del sistema tributario, la rebaja al impuesto de primera categoría, la exención de contribuciones, la exención a las ganancias de capital, la rebaja al IVA de la vivienda y el beneficio para los DFL2.
Resultados en el Senado
De los 25 senadores y senadoras analizados, 15 registran al menos un conflicto de interés, el 60% del total, y en conjunto suman 45 conflictos con distintas normas de la reforma. El beneficio patrimonial que podrían percibir por concepto de exención de contribuciones, rebaja al impuesto de primera categoría e integración tributaria asciende a $127.418.073.
Los casos más significativos en monto son los de Manuel José Ossandón (RN), con $45.159.597 y cuatro conflictos identificados, el mayor número entre todos los senadores, y de Alejandro Kusanovic (Monrey Libertad), con $37.970.526. Por bancada, Renovación Nacional concentra la mayor cantidad de conflictos, 15 entre sus 8 senadores, mientras que UDI y Republicanos registran un 60% de sus integrantes con al menos un conflicto.
Resultados en la Cámara de Diputados
De los 76 diputados y diputadas de la coalición de gobierno analizados, 39 registran al menos un conflicto de interés, el 51% del total, y en conjunto suman 84 conflictos. El beneficio patrimonial que podrían percibir por los mismos tres conceptos asciende a $148.272.786, una cifra mayor a la del Senado.
El caso más significativo en monto es el de la diputada María Ximena Ossanón Irarrázabal (RN), con $85.009.459, cifra que por sí sola concentra más de la mitad del beneficio total estimado para toda la Cámara. Por bancada, Renovación Nacional presenta la mayor proporción de integrantes con conflicto de interés, 69% de sus 13 diputados, y también el mayor monto total, $94.635.170, seguida por la UDI, con $26.827.157 y un 61% de sus diputados con al menos un conflicto.
El panorama conjunto
Entre ambas cámaras, 101 parlamentarios fueron analizados y 54 de ellos, el 53%, presentan al menos un conflicto de interés con alguna disposición de la reforma que votaron a favor. El monto total del potencial beneficio patrimonial que podrían percibir por concepto de exención de contribuciones, rebaja al impuesto de primera categoría e integración tributaria asciende a $275.690.859 entre Senado y Cámara.
Por qué importa
Estos resultados confirman un patrón que ya habíamos identificado en el Ejecutivo: quienes empujan y aprueban esta reforma tributaria son, en una proporción relevante, sus propios beneficiarios directos. El artículo 5B de la Ley Orgánica del Congreso Nacional existe precisamente para evitar que el interés personal se confunda con el interés público al momento de legislar. Que más de la mitad de las y los parlamentarios que respaldaron esta reforma tengan un interés patrimonial comprometido en alguna de sus disposiciones exige, como mínimo, transparencia sobre estos vínculos y una revisión seria de los mecanismos de inhabilitación vigentes en el Congreso.