La aparente dispersión de las derechas contemporáneas suele desconcertar a los análisis tradicionales. Por un lado, se presentan como adalides de una libertad radical y desreguladora; por el otro, impulsan agendas de control estatal y administrativo sobre los cuerpos y las decisiones más íntimas de las personas. Dos hitos recientes, separados por la geografía pero estrechamente vinculados por una misma matriz doctrinaria trasnacional, ilustran esta aparente paradoxa: la tramitación en Chile del proyecto de ley «Escucha su corazón» y el debate en Estados Unidos en torno al «household voting» (voto familiar o por hogar).
Para Nodo XXI, descifrar estos fenómenos exige ir más allá de la indignación moral. Debemos comprenderlos como estrategias de diseño institucional, «asfixia administrativa» y disputas por la hegemonía cultural. ¿Por qué los derechos de las mujeres y la igualdad de género son siempre el primer frente en tensarse cuando las democracias retroceden? ¿Cómo operan las nuevas derechas en su intento de correr el cerco de lo aceptable?
1. El género como «fusible» de la erosión democrática
La literatura de calidad democrática es taxativa: la oposición a la igualdad de género no es un rasgo accesorio o folclórico de la ultraderecha, sino un mecanismo central para la acumulación y sostenimiento de su poder político. Es lo que en la teoría de la ciencia política se conoce como el «canario en la mina»: el indicador temprano de un retroceso autoritario generalizado.
Como bien explica Camila Miranda, de Nodo XXI, en el programa Turno en Vivo, este sector utiliza los derechos de las mujeres como «un primer fusible». Históricamente, la institucionalidad que protege los derechos de las mujeres es de factura reciente y estructuralmente más débil que la que protege, por ejemplo, el mercado o la propiedad. Por ello, desmantelarla o atacarla ofrece a las fuerzas reaccionarias un bajo costo de resistencia y un altísimo rendimiento simbólico ante sus bases radicales. El género opera como un «pegamento simbólico»: una bandera vacía pero movilizadora bajo la cual el catolicismo tradicionalista, el integrismo evangélico y el libertarismo económico —doctrinariamente contradictorios entre sí— pueden marchar en perfecta sincronía táctica.
2. La trampa procedimental y el «incrementalismo radical»
El proyecto de ley chileno «Escucha su corazón» —ingresado por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), Republicanos y Renovación Nacional, bajo la jefatura de bancada del diputado Cristóbal Urruticoechea, ilustra a la perfección el primer mecanismo de retroceso: la vía jurídico-procedimental.
El proyecto busca condicionar el acceso al aborto bajo la ley de tres causales (vigente en Chile desde 2017) a que la mujer escuche la actividad cardíaca fetal. Sus promotores defienden la iniciativa bajo el ropaje liberal y laico del «consentimiento informado». Sin embargo, la Dra. Helia Molina, exministra de Salud, desarmó la falacia en el estudio:
«Es una ley absurda que es una tortura, una crueldad […] No se puede obligar a ningún médico ni matrona ni personal de salud a hacer algo que tiene que ver con la atención […] Es sacarle picas, es decirle ‘mira, está viva, sufre, siéntete culpable, arrástrate por el piso por hacerlo'».
El «truco» radica en la letra chica del proyecto: aunque formalmente la mujer «puede rechazar» la escucha de los latidos, si lo hace, el médico queda obligado por ley a negarse a practicar la interrupción del embarazo. No se trata de un ejercicio de transparencia o información clínica adicional, sino de la imposición de una barrera administrativa infranqueable que vacía de contenido el derecho ya conquistado.
Este modus operandi no es original. Sigue la lógica del «incrementalismo radical» teorizado por centros de pensamiento norteamericanos de ultraderecha (como la Heritage Foundation y su Proyecto 2025/2026). La estrategia consiste en evitar la confrontación directa de derogar una ley popular de una sola vez, optando en su lugar por introducir pequeñas trabas burocráticas, desfinanciamiento o asfixias administrativas.
Ocurre de manera idéntica en otros contextos:
- Hungría: Desde septiembre de 2022, un decreto de Viktor Orbán obliga de forma estricta y sin opción de rechazo a toda mujer que desee abortar a escuchar previamente el latido embrionario.
- Argentina: Bajo el gobierno de Javier Milei, no se ha derogado la ley de interrupción del embarazo del 2020, pero se ha implementado un retroceso por asfixia administrativa deliberada, recortando drásticamente el presupuesto para anticonceptivos y deteniendo por completo la adquisición estatal de insumos críticos como el misoprostol y la mifepristona.
3. Desarmando el mito «pro-vida» y «pro-familia»: El costo humano
El principal argumento legitimador de estas políticas es el natalismo y la supuesta preocupación por el invierno demográfico. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que a estos sectores no les interesa la sostenibilidad material de las vidas que defienden en abstracto.
Al respecto, Camila Miranda destaca un análisis empírico realizado por la Escuela Bloomberg de Salud Pública de Johns Hopkins sobre la restrictiva ley de aborto de Texas (SB8, vigente desde 2021). Los resultados de este estudio constituyen una refutación matemática demoledora del relato natalista de la derecha:
- El aumento de nacimientos: El primer estudio determinó que la prohibición del aborto a partir de la sexta semana generó aproximadamente 9.800 nacimientos adicionales al año siguiente de su entrada en vigencia.
- El aumento de la mortalidad infantil: El segundo estudio demostró que en el mismo período las muertes infantiles en Texas aumentaron un 13%, mientras que a nivel federal apenas subieron un 2%. Lo más trágico es que las muertes causadas por anomalías congénitas —aquellas que la ley no permitía interrumpir— se dispararon un 23% en el estado, mientras disminuían en el resto de Estados Unidos.
Como sintetizó Camila en el panel, la derecha autoritaria no protege la vida: promueve un sistema donde las mujeres son reducidas a «útero y pechuga», desentendiéndose por completo del destino de esos recién nacidos viables o inviables.
4. Antilibertad material y la familia como propiedad
Desde la perspectiva de la teoría social, Víctor Orellana (Nodo XXI) plantea una contradicción fundamental en la identidad de las nuevas derechas autodenominadas «libertarias». Estos grupos defienden una idea sumamente estrecha de libertad: la libertad negativa (la mera ausencia de interferencia física o legal). No obstante, carecen por completo de una noción de libertad material (las capacidades reales y las condiciones socioeconómicas para ejercer la autonomía).
Esta contradicción se hace evidente al contrastar su supuesta defensa de la familia con su agenda laboral y social. Como señala Orellana:
¿Qué le hace mejor a la familia? ¿Obligar a una mujer violada a pasar por una tortura administrativa o reducir la jornada laboral para que las personas puedan pasar tiempo real con sus seres queridos?
Mientras la ultraderecha presenta proyectos moralizantes sobre el corazón fetal, simultáneamente se opone de manera sistemática a la reducción de la jornada laboral a 40 horas e impugna el financiamiento de un Sistema Nacional de Cuidados. La concepción profunda que las nuevas derechas tienen de la familia no se basa en el cuidado mutuo, sino en la familia como propiedad mercantil. Bajo este prisma, la mujer no es un individuo soberano dotado de derechos individuales inalienables, sino un medio de producción doméstico subordinado al «jefe de hogar».
Es el choque definitivo entre el neoliberalismo radical y el neoconservadurismo: la desregulación económica convive con un disciplinamiento moral de tintes feudales. Es lo que Horst Paulmann definió brutalmente en el año 2012 cuando se oponía a declarar feriados argumentando que «la vida en familia se hace en los centros comerciales».
5. La ofensiva de masas: Del «voto familiar» a las «tradwives»
Para Nodo XXI es indispensable notar que esta ofensiva de la ultraderecha no se limita al parlamento o a los tribunales; se despliega con fuerza en el terreno cultural digital a través de estéticas atractivas y discursos rejuvenecidos para capturar a las audiencias más jóvenes (particularmente a la generación Z).
Un ejemplo de esta avanzada discursiva en Estados Unidos es el debate sobre el «household voting» o voto familiar. Propulsado por plataformas juveniles de derecha como Turning Point USA, este planteamiento propone reemplazar el sufragio individual por un voto único emitido por el «jefe de hogar» (varón), bajo la idea de que el matrimonio es una sola unidad espiritual y legal. Influencers de la ultraderecha de apenas 20 años, como la estadounidense Savanna Faith Stone, se han viralizado con frases como «no creo que las mujeres deban votar», afirmando que renunciarían gustosas a su autonomía política a cambio de un orden social tradicionalista.
Este discurso empalma con el auge global del movimiento «tradwife» (esposas tradicionales). En plataformas como TikTok e Instagram, figuras hiper-estetizadas romantizan el repliegue de la mujer al rol doméstico exclusivo y la sumisión voluntaria al marido.
Debemos desmenuzar críticamente esta tendencia:
- En el Norte Global, el ideal tradwife opera como una estética aspiracional y de consumo de sectores acomodados que buscan escapar de la alienante presión del productivismo y la doble jornada neoliberal (trabajar fuera y cuidar dentro).
- En América Latina, según ha advertido la CEPAL, la condición material que esta tendencia romantiza (dependencia económica absoluta, labores doméstica de cuidado no remuneradas, ausencia de ingresos propios) no es una elección estilística, sino un destino de exclusión estructural e inevitable para millones de mujeres de sectores populares.
La paradoja es constitutiva: se utiliza el lenguaje del emprendimiento digital y de la «libre elección» para vender activamente la sumisión y el desmantelamiento de los derechos cívicos elementales.
Conclusión: La respuesta ante el integrismo secularizado
La lección que nos dejan tanto el proyecto «Escucha su corazón» en Chile como las derivas globales de Polonia, Hungría o Argentina es clara: la defensa de los derechos humanos y de la autonomía de las mujeres no puede sostenerse de forma meramente reactiva o defensiva.
El integrismo ya no habla con sotana; habla el idioma técnico de las políticas de acompañamiento, el consentimiento informado y el diseño institucional burocrático. Para detener este retroceso procedimental, la respuesta de las fuerzas democráticas y transformadoras no debe conformarse con proteger el statu quo. Debemos disputar el sentido mismo de la libertad.
Frente a una derecha que ofrece «protección» a cambio de subordinación y pérdida de soberanía, la izquierda debe proponer una autonomía material real: la que se conquista con salarios dignos, con un Sistema Nacional de Cuidados robusto, con la reducción efectiva del tiempo de trabajo y con el fortalecimiento de lo público. Solo la seguridad social y material nos permitirá construir una sociedad donde la familia y la vida común sean espacios de libertad y desarrollo pleno, y nunca más una propiedad privada.