La unidad de la izquierda y la centroizquierda debe recuperar la ambición que hizo posible conquistar la democracia: devolver a la sociedad chilena el poder de decidir su destino. Honrar esa gesta exige superar la nostalgia y renovar nuestra voluntad transformadora en el encuentro con una sociedad que desborda nuestras tradiciones. Necesitamos una alianza política y social amplia, capaz de construir y ofrecer un nuevo proyecto nacional de desarrollo y bienestar, para recuperar la alegría que nace de comprometerse con la construcción de un futuro de prosperidad compartida.
Esta nueva conmemoración del plebiscito que puso fin a la dictadura de Pinochet y abrió paso a la recuperación de la democracia nos encuentra en un momento histórico extremadamente delicado. El orden neoliberal está en crisis. El mundo entero está siendo sacudido por un reordenamiento geopolítico agresivo, en el que guerras arancelarias, violaciones al derecho internacional y escaladas armamentistas despiertan fantasmas que creíamos superados. El desarrollo científico y tecnológico magnífico que ha significado la inteligencia artificial, y que podría ampliar los espacios de libertad de los seres humanos, se encuentra secuestrado por oligarquías indiferentes a nuestro destino colectivo. La crisis climática pone en entredicho la posibilidad de la vida en el planeta.
Así las cosas, en medio de la incertidumbre y de un futuro que para grandes mayorías se experimenta oscuro y clausurado, fuerzas reaccionarias y antidemocráticas avanzan prometiendo restaurar el orden, y economías ilegales crecen, sembrando violencia y capturando la vida de millones de jóvenes. Nuestro país no es la excepción. Esta conmemoración del triunfo del “NO” nos encuentra, por primera vez, con un representante del pinochetismo en La Moneda, resultado inimaginable aquel 5 de octubre de 1988. Es, por lo mismo, una conmemoración difícil, que sobre todo nos invita a reflexionar con honestidad cómo fue que llegamos hasta aquí y cómo podemos recuperar la promesa de democracia y alegría que movilizó a millones de chilenas y chilenos hace 38 años.
La recuperación de la democracia fue una conquista histórica del pueblo de Chile. En ella confluyeron la resistencia popular a la dictadura, la organización de la sociedad civil y la capacidad de distintas fuerzas políticas para articular una salida democrática. Más allá de las restricciones propias de un proceso de transición pactada, un análisis básico de la correlación objetiva de fuerzas y de la necesidad imperiosa de superar el dominio y opresión criminal que la dictadura ejercía sobre el pueblo chileno, sólo puede hacernos concluir que el triunfo de aquella jornada fue fundamental para los avances posteriores, y que sus protagonistas y héroes anónimos merecen el reconocimiento y gratitud de las fuerzas democráticas del país, sobre todo de las generaciones que pudimos vivir en democracia gracias a esa heroica lucha. Las libertades recuperadas, la reducción de la pobreza y las mejoras concretas en la vida de millones de personas, así como la reconstrucción de la dignidad nacional de Chile, forman parte de una gesta histórica que no puede ser menospreciada.
Sin duda, la rehabilitación de la política fue la principal condición de posibilidad de esas conquistas. Recuperar la democracia devolvió a la sociedad chilena una capacidad de autodeterminación que la dictadura le había arrebatado. Y precisamente por el valor que tuvo esa rehabilitación es que su deterioro posterior requiere una mayor reflexión.
La tutela militar, los enclaves autoritarios y la concentración del poder económico condicionaron profundamente a los primeros gobiernos democráticos. La prudencia y la gradualidad tuvieron razones atendibles, propias de un escenario altamente complejo. Con el tiempo, sin embargo, muchas de esas restricciones dejaron de concebirse como obstáculos a superar y pasaron a considerarse como límites inamovibles del horizonte de lo políticamente posible. La comprensión —por parte de sectores relevantes de los gobiernos de la Concertación— de las soluciones de mercado como el único camino posible para enfrentar los desafíos de una sociedad enfrentada a altos niveles de pobreza fue reduciendo en parte la política a una cuestión de administración de lo existente.
Esta trayectoria convivió desde un inicio con reformas y esfuerzos reales por ampliar la protección social y una resistencia al sometimiento a la lógica del mercado. Hubo diferencias entre gobiernos e intentos relevantes de responder a nuevas demandas, especialmente al configurarse la Nueva Mayoría. Pero la profundización del mercado en áreas sociales y la desaparición del principio de universalidad de los derechos sociales como elemento constitutivo de la ciudadanía dejaron una huella duradera en la subjetividad de la sociedad chilena. Las personas fueron convocadas más como beneficiarias de políticas que como protagonistas de decisiones que también les concernían. Los avances en bienestar coexistieron así con experiencias de dependencia y fragmentación que forjaron la desapegada relación que hoy tienen las personas con lo común, con el Estado y con la política.
Las consecuencias alcanzaron nuestra cultura y nuestra manera de relacionarnos. Cuando la protección depende de los recursos de cada familia se vuelve más difícil experimentar los derechos como algo que nos concedemos mutuamente, por nuestra compartida e igual condición de ciudadanos. La competencia y el endeudamiento ocuparon un lugar creciente en la búsqueda de seguridad. Aprendimos a buscar soluciones individuales a problemas que eran en realidad problemas colectivos. La posibilidad de decidir democráticamente el rumbo del país fue perdiendo fuerza porque ya había perdido fuerza la comprensión de ese desafío como un desafío compartido, solo abordable mediante la actuación colectiva, política, de la sociedad chilena.
Estos diagnósticos tienen una larga data, y se remontan incluso a los debates realizados por el propio mundo de la Concertación hacia fines del siglo pasado, cuando se abrió paso a un intenso debate en torno a los alcances y límites de su proyecto político, en un contexto en el que la desafección electoral y las señales de malestar social identificadas por el célebre informe PNUD de 1998 daban clara cuenta de la necesidad de observar con atención la deriva del proceso social y político chileno.
Las movilizaciones iniciadas durante la primera década de los 2000 expresaron tanto las limitaciones de ese orden como las transformaciones que había hecho posibles. Una sociedad más educada y consciente de sus derechos comenzó a exigir autonomía y un trato digno. A la vez, el menor dinamismo económico y las dificultades de acceso a empleos de calidad hicieron más incierta la promesa de movilidad social. De las grietas del agotado consenso neoliberal surgieron así actores que reclamaban ser sujetos y no solo objetos de la política.
La fuerza social y cultural de esas movilizaciones sociales abrió el camino para que las fuerzas políticas progresistas empujaran reformas progresivas que cambiaron la vida de millones de compatriotas. La crítica y la impugnación, muchas veces áspera y destemplada, fueron indispensables para posibilitar la acción del progresismo en el campo de la política institucional, y es justo reconocer que fue esa conjunción no exenta de confrontaciones la que ha permitido conquistas sociales arraigadas y defendidas por la sociedad chilena, así como la ampliación de los horizontes de lo políticamente posible.
Los avances, sin embargo, no fueron suficientes. Las reformas aliviaron problemas importantes, pero su acumulación no produjo un nuevo proyecto de desarrollo ni renovó la representación política. Quienes fuimos protagonistas y voceros de la impugnación debemos asumir las insuficiencias de nuestras respuestas. La legitimidad del malestar y de las críticas no aseguraba una orientación compartida para superarlo. Impugnar los abusos y abrir posibilidades de cambio requería construir acuerdos sociales y una conducción capaz de convertir la frustración en compromiso, demandas disímiles en mayorías coherentes y duraderas.
Izquierda y centroizquierda, en suma, no hemos sabido ofrecer a la nueva sociedad chilena respuestas suficientes ni herramientas y cauces para posibilitar su participación en la definición de su futuro. Nuestra experiencia de gobierno en alianza mostró la potencia de nuestra colaboración, pero dejó abierta esa tarea y visibilizó complejidades y límites que aún forman parte de los desafíos a abordar.
La sociedad chilena actual es plural y desafiante. Exige libertad y seguridad, autonomía y protección, orden y cambio. Profundizar la libertad exige protección frente a la arbitrariedad del mercado y condiciones materiales para desplegar proyectos personales, junto con oportunidades reales de incidir en las decisiones que nos afectan. La universalidad de los derechos sociales expresa ese compromiso con una ciudadanía de iguales y fortalece la autonomía frente a los poderes que condicionan nuestra existencia. No hay libertad sin bienestar.
Un proyecto de bienestar es indisociable de un nuevo proyecto de desarrollo. Una estructura productiva capaz de generar mejores empleos es fundamental para vivir con seguridad, ampliar el patrimonio de los hogares y disponer de mayor autonomía. El Estado requiere una modernización que vuelva más coherentes sus intervenciones y fortalezca su capacidad de garantizar derechos. La orientación de la inversión, el aporte de las empresas públicas y la colaboración con sectores empresariales dispuestos a crear nueva riqueza deben formar parte de una discusión democrática sobre el futuro del país.
Nuestra experiencia enseña que estabilización y transformación son inseparables. En una sociedad en crisis y con un modelo de desarrollo agotado, la transformación es una condición para construir una estabilidad duradera, un orden legítimo. La estabilidad no será resultado de un retorno al pasado, sino consecuencia de un proceso de transformaciones que materialicen un nuevo proyecto de desarrollo nacional. La nostalgia no es fuente de futuro. Y la mejor forma de honrar a la generación que recuperó la democracia es no permitir que se destruya esa enorme conquista del pueblo chileno, que costó tantas vidas y tanto esfuerzo.
Una alianza política y social para impulsar este proyecto nacional debiera convertirse en la razón de ser de la unidad de las fuerzas de izquierda y centro izquierda. Nuestras tradiciones reúnen experiencias valiosas y necesitan renovarse en el encuentro con una sociedad que las desborda. Construir una alianza social amplia, arraigada en los sectores populares y medios, abierta a quienes quieran contribuir a un proyecto democrático de desarrollo, es una tarea lo suficientemente grande como para requerir nuestra unidad y nuestra apertura a fuerzas y capas de la sociedad chilena que no pertenecen a nuestra matriz política pero con las que podemos compartir el objetivo de impulsar un nuevo salto en desarrollo, modernidad y bienestar para el país. Así fue posible la recuperación de la democracia.
La conmemoración del 5 de octubre puede ayudarnos a recuperar esa ambición. La victoria democrática fue posible porque una sociedad encontró la manera de reunir sus diferencias y recuperar el derecho a decidir su destino, y porque hubo una conducción política capaz de leer esa energía y traducirla eficaz y valientemente en una gesta que hoy honramos. Conmemorar esa conquista nos compromete a renovar la promesa de autogobierno que la hizo posible. Queremos una alianza que amplíe la libertad de las personas, que le devuelva a la sociedad la confianza y el poder para construir su destino, y que recupere la alegría que nace de un futuro de prosperidad compartida. Esa es la democracia que nos corresponde construir.
Directorio NODO XXI