Este escenario de crisis social y sanitaria invita a abandonar la idea de que las escuelas son las unidades productoras de “calidad” de la educación. El contexto de explosión e incertidumbre institucional nos refleja que toda la discusión educativa que se amarra del “mejoramiento” escolar, de las “habilidades del siglo XXI”, o del rendimiento y la calidad, se quedan desnudas, pues son incapaces de describir qué es la educación cuando hay crisis en la sociedad
Ciper publica: El plan del gobierno para apoyar a quienes no pueden trabajar por la cuarentena ha sido muy criticado. En esta columna los autores analizan la viabilidad de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para todos los mayores de 18 años en Chile (14,6 millones de personas). Proponen financiarlo, en parte, con un impuesto de 2% a quienes tienen más de U$5 millones de patrimonio. El shock económico que se avecina “debe ser distribuido equitativamente, evitando que los más desaventajados paguen los mayores costos. Una forma bien documentada para hacerle frente es el ingreso básico”, escriben.
La Tercera: Ayer la mesa nacional del bloque pidió a los jefes de los partidos de Chile Vamos una reunión para debatir medidas sanitarias y ecónomicas en el marco de un «diálogo político y social». ¿Una tregua después de los meses que siguieron al 18 de octubre? No exactamente: en el FA sinceran que en vez de seguir planteando propuestas y acciones por separado que resultan inocuas frente a un Estado con amplias atribuciones, es más efectivo sentarse con sus adversarios.
El Mostrador: La fórmula ha sido sinónimo de agobio escolar para docentes, apoderados y estudiantes. La falta de claridad en la información y la diversidad de fórmulas que utilizan los colegios para abordar la educación remota, han generado varios problemas ligados a la falta de conexión a Internet, la pobreza y hacinamiento en los hogares vulnerables. El dilema que no se ha resuelto, según los especialistas y profesores, es que la educación en tiempos de crisis sanitaria debería estar al servicio de la contención y enseñanza sobre lo que ocurre, en función de resguardar la vida de las personas y no de cumplir con el calendario académico.
Trabajadoras invisibles que con dicha labor y sin tiempo vital de descanso sostienen la vida y su defensa, ante la fallida política binaria del estado o el mercado, que ha negado históricamente a las mujeres pero que en momentos de crisis no resiste sin ellas
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no escucha estas demandas. Se reúne incluso con gremios empresariales como la CPC o la Asociación de Isapres, pero no considera espacio alguno para dialogar con sindicatos. Así las cosas, se repiten las recetas de la crisis del 2008, donde los trabajadores pagan las consecuencias y se abrieron nuevos mercados para el gran empresariado. Una vez más, el Gobierno sigue sin entender que los costos de una posterior crisis económica se van a agudizar si no se establecen condiciones mínimas de garantía y resguardo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.
La crisis de la pandemia del Covid-19, a nivel mundial, ha develado que además de ser una crisis de salud pública -o falta de ella-, es una crisis del modelo neoliberal en toda su expresión, también si se trata de la violencia económica que día a día se ejerce contra las mujeres en su calidad de cuidadoras principales de hijos e hijas.
Tampoco queda claro los alcances de “asumir los costos” de la infraestructura y herramientas para desempeñar el trabajo: ¿serán las propias empresas las que pagarán teléfonos, computadores, Internet, o las cuentas de luz y agua?, ¿se habilitarán lugares especiales en el hogar o se tendrá que adaptar los dormitorios o cocinas como “espacios de trabajo”?, o en caso de trabajar desde un café, ¿quién pagará los costos asociados?.
Para el sociólogo, profesor de la Universidad de Chile y especialista en temas laborales, el Gobierno tiene que «salir de los ideologismos en los que está atrapado y que le impiden operar».
La directora de Nodo XXI, Camila Miranda, planteó que, ante un panorama de “desgobierno”, hay «una mayor sintonía de las alcaldesas y los alcaldes con la población, más allá del partido al que pertenecen. Conocen de forma directa los impactos de la desigualdad de recursos en la provisión de servicios públicos básicos y la crisis de los cuidados en la que nos encontramos, por tanto, son más conscientes del impacto en la población del retardo en tomar medidas de seguridad y prevención”.
