El plan cuenta con dos alternativas, una de ellas, consiste en saldar la deuda con cargo al Presupuesto del Sector Público, a través de un esquema de pagos anuales a 25 años que cubran el saldo total de la deuda más un 2% de interés anual, lo que implicaría un desembolso anual cercano a $173 mil millones de pesos.
La normativa permitirá que cerca de 300 mil deudores por diferentes créditos para financiar estudios ya no aparezcan en registros comerciales. Fernando Carvallo, investigador de Fundación NodoXXI, complementa que “esta ley constituye un alivio para cientos de miles de familias, pero es preciso avanzar hacia una reparación definitiva, que las fuerzas políticas reconozcan los errores cometidos por el mismo Estado en el pasado y se avance hacia la condonación universal de la deuda por estudiar”.
