Las movilizaciones populares de octubre de 2019, y la abrumadora mayoría alcanzada en el plebiscito por el Apruebo, abrieron una oportunidad histórica para transformar el Chile neoliberal. Sin embargo, se trata de un desafío que debe revertir casi cinco décadas de desarticulación social y política de las grandes mayorías.

Derrotar al neoliberalismo no será fácil. Quienes luchamos por transformaciones radicales debemos enfrentar una aguda fragmentación de demandas e intereses populares. La movilización social que abrió el proceso constituyente provino de casi dos décadas de diversas luchas de resistencia a este neoliberalismo extremo, cada una con su propia bandera Esto nos plantea la necesidad de abrir un diálogo y concentrar esfuerzos, para evitar una dispersión que usen las fuerzas conservadoras para vetar cambios sustantivos.

Existen enormes expectativas sobre el proceso constituyente, y la frustración popular puede desembocar en una mayor y prolongada crisis social y política. Para superar el modelo neoliberal no será suficiente solo corregir las reglas del parlamento y los partidos. La sociedad desconfía profundamente de la política y exige participar de la toma de decisiones. Esta situación demanda ir más allá de la representación política y entregarle más poder a la ciudadanía organizada. Esto implica asumir que la Convención Constitucional no será el punto de cierre de todo este proceso, sino el inicio de un camino en que la sociedad debe ser la principal protagonista de los cambios.

La desigual distribución del poder, de reconocimiento de intereses sociales diversos, de participación y de decisión, es la madre de todas las desigualdades. Es por ello que debemos concentrar energías en lograr que las organizaciones sociales tengan un reconocimiento institucional para contrapesar la enorme concentración de poder del gran empresariado.

El objetivo estratégico para derrocar al neoliberalismo, y garantizar efectivamente los derechos sociales que demanda la ciudadanía, es entonces ampliar radicalmente la democracia, entregándole poder al pueblo de Chile para participar y decidir sobre el modelo de sociedad, la economía y sus propias vidas.

Por ello, que la nueva Constitución debe garantizar algunos principios fundamentales:

Primero, debe reconocer a la ciudadanía organizada como sustento de la convivencia democrática, consagrando su derecho a organizarse y participar de manera vinculante sobre los aspectos más relevantes de la vida social.

Segundo, la participación ciudadana no puede reducirse al voto, sino que deben consagrarse mecanismos de control, vigilancia y decisión del pueblo sobre las y los representantes del poder político, y las instituciones que regulan la economía y que resguardan el orden público.

Tercero, esta participación directa no puede limitarse al control a los representantes, sino que se debe fortalecer el protagonismo de la ciudadanía organizada sin mediaciones. Esto significa otorgar poder a la ciudadanía para participar directamente en la construcción de la vida pública.

Cuarto, la nueva Constitución debe tener como uno de sus ejes fundamentales una sociedad de cuidados, teniendo como base la igualdad entre los géneros y el principio de paridad democrática en todos los ámbitos de la vida social. Debe relevar al feminismo como un principio de distribución del poder y redistribución del sostenimiento de la vida, en la base de la construcción del Estado, la participación ciudadana y las políticas públicas.

Quinto, la nueva Constitución debe garantizar condiciones reales para que la ciudadanía organizada ejerza los derechos de asociación y participación, mediante el financiamiento estatal a sus asociaciones y un fuero social que proteja el tiempo necesario para ejercer las actividades asociativas.

Estamos convencidos que para derrocar al neoliberalismo la única herramienta efectiva es la ampliación radical de la democracia y la participación permanente de la sociedad en la vida política. Los partidos y las instituciones políticas son fundamentales, pero es necesario establecer mecanismos que profundicen la democracia y redistribuyan el poder político, económico, social, sexual y cultural monopolizado por décadas por el gran empresariado y los partidos que lo protegen.

Las y los firmantes hacemos un llamado a todas las fuerzas democráticas y a la ciudadanía organizada a confluir en estos objetivos a alcanzar en la Convención Constituyente.

Ante la fragmentación de las fuerzas antineoliberales y la capacidad de colonización empresarial sobre amplios sectores políticos hacemos un llamado urgente a una unidad estratégica de acción y criterios, para enfrentar el proceso constituyente.