La educación no sexista, las pensiones en el ámbito del trabajo doméstico y de cuidados, el cuidado de los niños de las mujeres trabajadoras y la discriminación de género en las isapres son los cuatro ejes críticos elegidos por la Fundación Nodo XXI para interpelar a la iniciativa con que el gobierno de Sebastián Piñera respondió a las movilizaciones feministas y estudiantiles a inicios de esta semana. Uno de los datos más nítidos de esta radiografía: cerca de un 46% del total de mujeres en nuestro país no podría optar a los beneficios «tranversales» ofrecidos por estas medidas debido a la mercantilización del trabajo y la feminización de una sostenida precarización laboral, así como también la privatización de derechos sociales como la educación, la salud y la vejez digna.

El estudio realizado por el Equipo de género y políticas públicas de la Fundación, dirigido desde inicios de este año por la abogada Camila Miranda, aborda una crítica a la «Agenda feminista» propuesta por la presidencia de Sebastián Piñera como una contestación a la oleada feminista iniciada hace algunas semanas en las principales universidades y centros educativos del país. Desde este abordaje, las debilidades de la propuesta se darían en dos planos: por una parte en el escaso y contradictorio despliegue esperable para sus medidas debido a falencias del propio «diseño institucional». Por otra, en la total omisión en este proyecto de la mitad de las mujeres en Chile que no podría optar a estos beneficios, pensados para una mujer que ha conquistado la «establilidad» en el campo del trabajo: una realidad a estas alturas ficcional, dentro de un escenario actual de acentuada y feminizada precariedad laboral.

En el primer plano, la infografía destaca cómo las actuales medidas tocantes a la universidad se involucran meramente en el plano económico y de financiamiento, sin tocar la inherente desigualdad de género existente a nivel universitario y técnico, que se expresa en una marcada separación de género a la hora de seleccionar y continuar una carrera profesional. Ejemplos como el de las carreras de ingeniería civil (con un 91% de hombres contra un 9% de mujeres) y educación parvularia (con un 98% de mujeres y un 2% de hombres) son ejemplos representativos del sostenido sesgo de género que en los espacios universitarios excede el financiamiento de la matrícula, transfiriendo inconscientemente desde las instituciones hacia la sociedad en su reproducción del régimen patriarcal de roles peores condiciones laborales y salariales para las mujeres en su conjunto.

Otro de los flancos más llamativos de la situación de la mujer en Chile es el problema de las pensiones: para el caso de las mujeres de nuestro país, la pensión promedio de jubilación a inicios de 2018 ascendía a los $94.427 pesos (3,52 UF*), obteniendo la mitad de las  5.677 mujeres jubiladas en febrero de este año una pensión final que apenas ascendía a los $27.094 pesos (1,01 UF*). La ausencia de medidas concretas para subsanar esta situación de desigualdad y empobrecimiento de las mujeres en su conjunto, como franja precarizada sistemáticamente al interior de la sociedad de mercado actual, apunta a que cerca de 46% de las mujeres en las que este proyecto dice estar inspirado no podría optar a los beneficios ofrecidos por este proyecto. Estas causas y muchas más en la infografía.