Como presidente del Senado y uno de los liderazgos más visibles del Partido Socialista (PS), Carlos Montes ha venido promoviendo puntos de encuentro entre la oposición, en torno a temas conflictivos como la reforma tributaria presentada por el gobierno. Desde allí, y a propósito de una fecha tan significativa para su sector político, nos comparte su visión respecto al proceso de transición y los desafíos de las fuerzas de centroizquierda en el Chile actual. Aborda, además, las particularidades de la cultura política forjada en ese período, los debates pendientes y el papel que tanto a las fuerzas emergentes como a la izquierda histórica les cabe en este tiempo de balances y discusión.

Usted ha sido parlamentario desde 1990, cuestión que le brinda una mirada privilegiada sobre el proceso de transición a la democracia desde la esfera política. ¿Cómo caracterizaría ese proceso desde su propia experiencia parlamentaria?

Sin lugar a duda la transición chilena tuvo características muy particulares. Una de ellas fue que se detonara a partir de un plebiscito, es decir, por una vía institucional. Otra de ellas, extraordinariamente anómala, es que el exdictador siguió como Comandante en Jefe del Ejército, con una incidencia importante respecto de las Fuerzas Armadas. Este último asunto obligó a un diseño político que tenía como eje principal la consolidación democrática, esto sobre la base de las reformas concordadas el año 1989.

Estas reformas implicaban un avance respecto del modelo original de la Constitución de 1980, pero eran evidentemente limitadas. Este tipo de limitaciones también se expresaron al interior del Parlamento, donde los senadores designados significaban un obstáculo insalvable que obligaba a negociar buena parte (sino todas) las iniciativas de relevancia.

En el ámbito económico, hubo una clara estrategia, ideada esencialmente por Edgardo Böeninger, para avanzar en la solución de las demandas sociales por la vía de un crecimiento acelerado, para evitar el riesgo de una involución autoritaria producto de la insatisfacción de las expectativas. Ello implicaba un cierto grado de acuerdo con los grandes grupos empresariales del país, tendiente a estimular las inversiones y favorecer el empleo. Esto hay que tenerlo muy presente, porque significó, por una parte, efectivamente avances rápidos en algunas demandas sociales y el acceso de sectores importantes de la población a bienes y servicios, pero también llevó a generar un grado creciente de desigualdad, que es el que posteriormente detonará conflictos sociales, ya en las primeras décadas del presente siglo.

La transición, entonces, se ve fuertemente condicionada por estas características específicas de su diseño político, y resulta complejo observarla sin considerarlas en el análisis.

La transición representa para la izquierda y el mundo progresista un período complejo de la historia nacional. Considerando una mirada de largo plazo, ¿qué elementos marcan la identidad política de los sectores que condujeron tal proceso?

Como decía, la transición es un período inédito en la historia nacional y bastante complejo, con muchos matices y claroscuros. A veces tienden a uniformarse las posiciones y a simplificarse los debates, algunos de los cuales tuvieron mayor profundidad. En general, considero que hubo un gran consenso en todos los sectores en la necesidad de consolidar la democracia, a partir de un aprendizaje de ciertos errores del pasado, particularmente derivados de la falta de diálogo. Ahora, si lo vemos en cada sector específico, diría que hay elementos particulares.

En la derecha, se observan claramente dos sectores, que han subsistido a lo largo de su historia y que persisten hasta hoy. Uno liderado por la UDI —pero también compuesto por sectores de RN— muy vinculado al régimen militar, con una valoración positiva de su gestión, especialmente en lo económico, y con una menor sensibilidad ante las violaciones a los derechos humanos.

Al mismo, tiempo, hubo sectores más liberales o republicanos que veían la necesidad de avanzar más rápidamente hacia una democracia más en forma. Lamentablemente, por largos años primaron los sectores más duros. Ello frenó que las reformas constitucionales pudieran ver la luz con anterioridad: sólo el 2005 fue posible eliminar los senadores designados. De modo reciente existen nuevos sectores al interior de la derecha, como Evopoli, que representan visiones más modernas, con un mayor énfasis en las libertades públicas. Hay que ver qué peso logran en el sector para ir aquilatando la configuración actual y específica de la derecha en Chile.

En nuestro mundo, creo que el reencuentro del centro con la izquierda marcó profundamente el período. Fueron sectores que se separaron durante buena parte del siglo XX, pese a que, como se ha dicho, hacia fines de la década de 1970 había planteamientos bastante similares que fueron la base para lograr un acercamiento que, en mi visión del asunto, fue fundamental para recuperar la democracia, para consolidarla y para conseguir avances sociales en las décadas posteriores. Diría que la convicción en torno a la necesidad de esta confluencia (entre el centro y la izquierda política) fue una de las lecciones aprendidas y que sigue siendo necesaria, atendido el peso que la derecha tiene en nuestra sociedad, en lo político, en lo económico, en lo comunicacional.

Es posible afirmar que existen algunos nudos sin resolver en la herencia política de la Concertación —como proyecto y como cultura política—. Hay, por ejemplo, proyectos inacabados, diferencias políticas y discusiones pendientes. ¿Cuáles distinguiría usted como los más relevantes para el momento político actual? ¿Cómo diría que estos «nudos» inciden en el proceso actual de recomposición política de una alternativa de centroizquierda en Chile?

Respecto de lo primero, creo que lo fundamental es entender que la Concertación no era un espacio político homogéneo, había visiones diversas y también algunos matices. Evidentemente, la urgencia y complejidad del momento obligaba a los acuerdos y a morigerar las diferencias, pero es claro que estas existían. Así, por ejemplo, en los aspectos en que participé más directamente, como educación y vivienda, estos matices y diferencias profundas eran claros.

En educación había sectores que teníamos una mayor sensibilidad con la educación pública y que, por ejemplo, rechazamos el financiamiento compartido porque entendíamos que se iba a transformar en un factor de segregación, pero fuimos derrotados en esa disputa al interior del conglomerado. En vivienda pasó algo similar, con las políticas de la década de 1990 que masificaron la lógica de los vouchers, incluyendo la intermediación de las EGIS¹, en lugar de políticas más asociativas y con un rol más protagónico del ámbito público. Solo en los últimos años conseguimos que los presupuestos contuvieran facultades más directas para que los Serviu gestionen iniciativas.

Si bien son aspectos puntuales, yo creo que ellos expresan esencialmente una discusión que está pendiente entre nosotros y que tiene que ver con el rol del Estado en la sociedad. En esa época había mucho dogma y visiones simplistas. Prácticamente no se podía hablar del Estado sin que se cayera en la caricatura de que uno quería retrotraerse a la planificación central y los planes quinquenales.

El debate es otro y, en mi perspectiva de la situación política actual, éste sigue pendiente. La pregunta que debiera orientarlo es ¿qué rol puede y debe tener el Estado en una sociedad que necesita dar un salto en su desarrollo? A mi juicio, el modelo exportador de materias primas y de rentas financieras tocó techo y mostró sus limitaciones, en términos de que nos deja extremadamente volubles a las contingencias de la economía y la política externas. En lugar de seguir funcionando en esa lógica deberíamos pasar a otra etapa. Para hacerlo, el Estado debe tener un rol más relevante, que abra espacios y tome iniciativa. Es lo que permitió a muchos países avanzar, basta ver la forma en que se desarrolló Corea del Sur.

Más aún, sin ir tan lejos, acá también lo hicimos. El desarrollo del sector forestal es gracias al impulso del D.L. 701, una política pública que genera una nueva industria. En la salmonicultura ocurrió algo parecido. Es por eso por lo que me parece necesario superar esas inercias del debate político, abrir la discusión sobre cuál es el carácter del Estado que necesitamos, proponernos diversificar la matriz productiva y complejizar nuestra economía, de la mano de un rol más potente del sector público.

Ello supone, por una parte, una nueva generación de emprendedores, con disposición a correr mayores riesgos y con mayor impulso de iniciativa. Por otro lado, requiere de nuevas políticas públicas: hoy tenemos 10.000 millones de dólares de incentivos tributarios que vienen de otra época y que, en buena parte, pueden reorientarse hacia otros sectores e iniciativas. Diría que en esa discusión sobre el rol del Estado subyacen muchos de los desafíos que tenemos como país y, también, las perspectivas de acercamiento entre la centroizquierda.

Durante la última década han emergido importantes movilizaciones sociales (estudiantil, NO+AFP, feminista) que pujan por superar cerrojos que antes parecían fuera de la discusión política, por ejemplo, la recuperación de derechos sociales. ¿Cómo cree que este contexto redefine las relaciones entre la sociedad y la política?

En primer término, quiero señalar que hay problemas que no son sólo nuestros. Comparto la visión de que las instituciones y la política atraviesan dificultades. Algunos intelectuales de renombre internacional, como el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, señalan que la ciudadanía percibe que el poder se separó de la política, que ésta no tiene ya herramientas para controlar un sector financiero que se globalizó, fuera del ámbito de las decisiones democráticas; y eso genera frustración y distancia de la sociedad respecto a la esfera política. Es por tanto una dinámica que no se está dando solo en Chile.

A mi parecer, en nuestro país, al fenómeno general mencionado, se suman las consecuencias propias de una transición que tuvo algunos éxitos, que permitió a muchos sectores mejorar su acceso a bienes y servicios, pero que también produjo una enorme desigualdad y abusos. También los casos de corrupción y el financiamiento ilegal de la política han contribuido a profundizar tal distanciamiento.

Ello es lo que explota en la década pasada. Por una parte, jóvenes que nos dicen “no estamos de acuerdo con el modelo de sociedad transicional que genera segregación y desigualdad” y nos reclaman educación gratuita y de calidad. Lo notable de todo este movimiento es que logró trascender a su propia generación porque fueron capaces de convocar también a sus padres en torno a esa demanda. Por otra parte, tenemos una demanda por la situación previsional que no ha podido resolverse y donde el modelo privado, impulsado en la dictadura, pese a los cambios del 2008, no resulta suficientes.

Entonces surgen estas movilizaciones y yo creo que son tremendamente legítimas y positivas, porque muestran que, pese a las dificultades existentes y a esta visión global negativa que comentaba, sigue existiendo una base social activa que probablemente no participa de la política partidaria, pero que tiene opinión y es capaz de movilizarse e incidir en la vida pública nacional.

Es lo que señala el historiador francés Pierre Rosanvallon en su libro Contrademocracia (2008), cuando indica que el electorado ya no entrega toda la soberanía en una elección, sino que se reserva parte de ella y la ejerce a través de su opinión y crítica frente a quien ejerce el gobierno. Considerando tales antecedentes puedo afirmar, entonces, que por ello tengo una visión optimista. Es cierto que las instituciones (las políticas, entre otras) tienen dificultades, pero también es cierto que tenemos una ciudadanía que no es tan apática y distante como algunos piensan. Me parece que hay que volver a esa sociedad, buscar entenderla y ver sus características fundamentales. Es parte del desafío que los partidos y que quienes participamos activamente en política enfrentamos hoy.

No es fácil. Hay autores, como la socióloga Kathya Araujo que han advertido sobre la existencia de una ambivalencia en las visiones de los ciudadanos, pues muestran, al mismo tiempo, cierto reconocimiento frente a un sistema que les ha permitido acceder a ciertos bienes, pero también con un diagnóstico profundamente crítico de la desigualdad y de los abusos.

Los resultados de las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias contribuyeron a introducir elementos novedosos en el panorama político chileno. ¿Observa en el Frente Amplio a un actor político que jugará un papel relevante en la redefinición de los acuerdos políticos de la centroizquierda, pero también con capacidades para recomponer las relaciones entre política y sociedad?

Creo que la irrupción del Frente Amplio fue un elemento relevante de la última elección, pues (contra diversos pronósticos) tuvo un resultado presidencial y parlamentario importante. Si bien existen diversos análisis sobre las bases sociales que explican su rendimiento electoral, el que me ha hecho más sentido es uno que indica que capturó tres tipos de electorado. Un tercio de sus votos es el caudal tradicional de la izquierda extraparlamentaria, otro tercio son votantes que habitualmente buscan a quien sea una alternativa a los movimientos o partidos políticos tradicionales y, un último tercio, son ex votantes desencantados de la Concertación. Políticamente, el desafío del Frente Amplio es consolidar esa votación y sus diversas vertientes y está por verse si lo conseguirá.

En lo social, me parece que el asunto es un poco más complejo. Como he dicho, no veo tan claro que el Frente Amplio represente una relación tan diversa a la tradicional entre la política y la sociedad. Por lo menos sus movimientos más potentes, como RD y las dos vertientes del autonomismo tienen una vocación de poder y un modo de relacionarse con la sociedad no demasiado diverso a los partidos tradicionales. Creo que el desafío de comprender y acercarse a la sociedad está siendo un desafío para todos los actores de la política nacional y no sólo del Frente Amplio: también el Partido Socialista y otros actores tienen el deber de volver a la vida social y buscar allí las inquietudes y fundamentos para su accionar.

Yo preguntaría, por poner un ejemplo muy concreto: ¿qué están haciendo los partidos por fortalecer la educación pública, por exigir desde las mismas bases sociales avances en la creación de los nuevos Servicios Locales? Como te mencionaba antes, me parece que es un desafío que cruza a todos los colores políticos.

Para cerrar, queremos invitarlo a realizar un balance en torno al papel del Partido Socialista en la lucha política democrática. Esto en referencia al proceso de recuperación y consolidación del orden democrático, como también respecto al actual curso de rearticulaciones políticas en la centroizquierda. ¿Cómo podría caracterizarse ese papel histórico del Partido Socialista en la política chilena desde una mirada puesta en el presente?

Creo que el Partido Socialista y otras fuerzas de izquierda han tenido, desde su fundación, un rol muy preponderante en los avances del movimiento popular. Todo lo que nuestro país y sus sectores populares consiguieron desde fines del siglo XIX ha sido fundamentalmente por la conjunción de un ascendente movimiento popular y partidos políticos de izquierda que lideraron y encausaron esas reivindicaciones.

Ello es válido para avances tan potentes como la seguridad social, la salubridad pública y la educación pública, considerando en este caso, los distintos hitos, como el estado docente o la ley de instrucción primaria. Algo similar ocurre con la recuperación de la democracia. A partir de la década de 1980 el impulso de los partidos (aún clandestinos) y de sus militantes, fue vital en la organización y movilización que posibilitó el 5 de octubre que este año se conmemora. Luego, ya en la consolidación de la democracia, el Partido Socialista asumió roles importantes en el ámbito (del poder) Ejecutivo, que han resultado importantes para impulsar ciertas políticas públicas.

Pienso que, en general, el rol del Partido Socialista ha sido relevante en la articulación de diversos sectores de trabajadores y clases medias para canalizar su participación en la vida política. Ahora bien, creo que, en el último tiempo, particularmente en este siglo, el ejercicio del Gobierno ha significado para el Partido Socialista cierto distanciamiento de la vida social. Ello, en todo caso, no es un fenómeno que afecta exclusivamente al Partido Socialista, sino a todas las colectividades: recuperar ese vínculo, ése es el principal desafío que enfrenta la política en el Chile del siglo XXI.