En este artículo publicado originalmente en Cuadernos de Coyuntura no. 18 (invierno 2017), los autores realizan una revisión de las transformaciones en el campo de la investigación científica durante los últimos 35 años: periodo en que, lejos de constatar profundas diferencias entre dictadura y democracia, se observa una fuerte y sostenida alza en la iniciativa privada protegida por el subsidio estatal, en desmedro del desarrollo científico desplegado en el ámbito público, cuyos actores principales (las universidades) están en franco repliegue. Este escenario sin duda determina y condiciona el crecimiento de las ciencias al alero de intereses neoliberales, generando en Chile una marcada subordinación de la investigación a los factores impuestos por un empresariado que administra fondos públicos desde criterios que benefician a la acumulación privada.
 
por Ricardo Segovia, Lucía Castillo e Iván Salinas
 

 
 
Las reformas que se implementaron en Chile durante la dictadura fueron el resultado de la interacción de dos matrices ideológicas que tradicionalmente habían sido antagonistas, pero que en la coyuntura de esos años se vieron obligadas a adquirir un poder creativo conjunto: el liberalismo y el principio de subsidiariedad. Esta interacción permitió el ingreso de emprendedores y empresarios particulares en esferas de la sociedad que hasta entonces habían estado preferentemente controladas por el Estado, pero bajo un modelo de Mercado subsidiado con recursos públicos. Los sistemas de Previsión, Salud y Educación convertidos en nichos asegurados de acumulación privada son los extremos de este modelo y constituyen un caso paradigmático de “capitalismo de servicio público”1.
 
La adopción de un carácter subsidiario por parte del Estado implica que su acción se reduce a la distribución de subsidios a la oferta que la iniciativa privada es capaz de entregar, y a la gestión de subsidios focalizados sobre los sectores más necesitados de la demanda. La política subsidiaria privilegia el crecimiento de la iniciativa privada, y la racionalidad del sistema queda reducida a la acción del Mercado, aun cuando esto traiga consecuencias negativas para el sistema en su conjunto. Por ejemplo, ante la falta de camas en hospitales públicos, el mercado de la salud aumenta los cupos en clínicas y centros médicos privados, y el Estado termina financiando esta expansión mediante la compra de sus servicios en lugar de financiar el aumento de camas en recintos públicos.
 
En el ámbito de la Educación, el modelo de Mercado subsidiado se manifiesta en que las instituciones que ofertan educación -sean públicas o privadas- compiten en igualdad de condiciones por recursos a través de la atracción de estudiantes. Más de tres décadas de esta política muestran, en el caso de la Educación escolar, un progresivo reemplazo de escuelas y liceos públicos por iniciativas privadas de educación2. La pérdida de la iniciativa pública es una consecuencia directa de un modelo que concibe al estudiante como un privado demandante de educación en el mercado, y no como un sujeto con derecho a la educación.
 
Las lógicas subsidiarias también fueron implementadas en las áreas de docencia e investigación de las universidades chilenas. La actual estructura de financiamiento del sistema de investigación es consecuencia del traspaso de la iniciativa científica desde los institutos y universidades públicas a los científicos/individuos y sus “laboratorios”, independientemente de su filiación institucional. Hoy prácticamente toda la investigación se financia vía competencia entre investigadores, en desmedro del financiamiento directo del Estado a sus instituciones, y de la capacidad de las comunidades académicas y de investigadores de discutir y proyectar colectivamente sus planes de desarrollo. La figura de particulares capturando subsidios que financiarán indistintamente el área de investigación de universidades públicas y privadas presenta una cara poco explorada de la privatización del sistema educacional en Chile.
 
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