Reflexiones en tiempos de pandemia. Análisis de Coyuntura N°1, Fundación Nodo XXI
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Reflexiones en tiempos de pandemia. Análisis de Coyuntura N°1, Fundación Nodo XXI, Abril / 2020

Este texto es una síntesis del debate sostenido en el Espacio de Coyuntura organizado por la Fundación Nodo XXI e incorpora reflexiones posteriores de su equipo editorial compuesto por: Manuel Antonio Garretón, Camila Miranda, Julio Pinto, Ernesto Águila y Carlos Ruiz. En la sesión de Coyuntura participaron: Fanny Pollarolo (Feminista, Partido Socialista), Camila Rojas (Diputada Comunes), Juan Ignacio Latorre (Senador Revolución Democrática), Boris Cofré (Movimiento de Pobladores UKAMAU), Javiera Manzi (Coordinadora Feminista 8M), Camila Miranda (Fundación Nodo XXI), Carlos Ruiz (Fundación Nodo XXI), Ernesto Águila (Académico, Plataforma Socialista), Faride Zerán (Periodista), Julio Pinto (Académico USACh), Javiera Toro (Frente Amplio, Partido Comunes), Jorge Arrate (Ex candidato presidencial de izquierda), Emilia Schneider (Presidenta FECh), Jaime Bassa (Abogado constitucionalista), Manuel Antonio Garretón (Académico U. de Chile), Gloria Maira (Feminista), Valentina Saavedra (Urbanista, Partido Comunes), Fernando Pairican (Historiador), Víctor Orellana (Fundación Nodo XXI), Verónica Valdivia (Historiadora), Daniela López (Abogada feminista, Fundación Nodo XXI), Giorgio Boccardo (Fundación Nodo XXI).

A seis meses de las primeras movilizaciones del estallido social de octubre, la crisis sanitaria global por el COVID-19 abre una nueva coyuntura. La pandemia se contextualiza en una hegemonía neoliberal cuestionada, y desnuda en todo el mundo el grado en que el neoliberalismo erosiona o desmantela las instituciones sociales que dan soportes económicos, sociales y culturales a la vida de las personas, sometiéndolas a la descoordinación e incertidumbre propia de los mercados. Está todavía por verse la envergadura y permanencia de los cambios asociados al aislamiento social y a las respuestas políticas ante la pandemia, instalándose en el horizonte una crisis económica comparable solo con la de 1929. Además de propiciar un clima político, social e intelectual donde vuelve a plantearse el problema del Estado y su acción como constructor de certezas, la incertidumbre asociada a la desprotección producto de la pandemia inquieta desde ya a amplios sectores de la población.

Ante la necesidad de una respuesta coordinada y coherente a la crisis, el gobierno ha retomado la iniciativa. Tras la conformación de la Mesa Social COVID-19 y junto a una intensa campaña comunicacional por la televisión abierta -que recupera terreno por el aislamiento en los hogares- el gobierno intenta reconectarse con la ciudadanía a través de medidas concretas, las cuales no han estado exentas de crítica: se han cuestionado los instrumentos de protección al empleo, la falta de transparencia para el acceso a los datos, los cada vez más explícitos intentos de abortar el proceso constituyente, y el reciente plan por una “nueva normalidad”. Todo esto evidencia la tensión latente entre la crisis sanitaria y las agendas políticas particulares del empresariado y la misma derecha. Por su parte, la derecha busca manipular la crisis para abrir nuevas oportunidades de acumulación rentista para el gran empresariado, en detrimento de los propios objetivos de cuidar la vida y el bienestar. En cuanto a las diversas expresiones de la oposición social y política, éstas no logran construir, juntas o por separado, propuestas alternativas que tengan capacidad de alterar sustancialmente la orientación de lo que propone el gobierno. Parte de dicha dificultad se atribuye a la falta de proyecto y de conexión con la sociedad que se arrastran desde antes del estallido de octubre.

La presión social por transformaciones que coparon las calles se dispersa por las medidas de aislamiento social y por la declaración de estado de catástrofe, lo que conlleva el retorno del toque de queda y de los militares. Sin embargo, el malestar que gatilló la revuelta permanece. El incumplimiento de las medidas de cuarentena en las comunas más acomodadas al inicio de la crisis profundizó la crítica a la élite, y el reciente esfuerzo mediático por responsabilizar a los sectores populares por el no uso de mascarillas u otras medidas de cuidado sólo acentúa el malestar. La pandemia ha puesto de relieve los impactos del neoliberalismo: el desmantelamiento de los servicios sociales como la salud pública, la desprotección del trabajo, la crisis de los cuidados que el movimiento feminista venía alertando, la privatización del agua, y la profunda desigualdad que se expresa diferenciadamente en diversos territorios. Estos problemas le dan renovada urgencia a los cambios.

Concurrimos a un acelerado cambio de escenario a escala global. Múltiples interrogantes se abren sobre el panorama internacional y las relaciones de fuerza entre las potencias, sobre el papel del Estado, de los mercados, sobre los valores sociales que deban primar, y sobre los poderes y grupos sociales que serán más determinantes en el presente y en el futuro.

En ese abierto escenario, las y los participantes del Espacio de Coyuntura discutieron algunas orientaciones para enfrentar la actual crisis, sin abandonar el horizonte de cambios que se venía tejiendo desde el estallido en octubre.

1- Trabajar por una oposición que defienda la vida.

No existe a priori un proyecto común en las fuerzas de la oposición. Aunque esto no es necesariamente negativo, ayuda a una fragmentación que facilita a los sectores más extremos de la derecha. De ahí que se requiera una acción decidida de la oposición. Una responsabilidad fundamental en ello cabe a la izquierda. Es relevante que la oposición supere el falso dilema entre ser colaboracionista u obstruccionista. Polaridad que se ha construido a partir de la respuesta errática de algunos sectores de ella ante las medidas del gobierno, dificultando en cualquiera de sus dos extremos que avancen sus acciones en defensa de la vida. En la discusión se plantea que esta iniciativa debe apelar al interés general, proponiendo medidas prácticas para la actual crisis. La unidad de la oposición no es un fin en sí mismo -independiente de sus objetivos o contenidos- ni el inicio dado de un camino, sino un punto de llegada en virtud de los contenidos y los acuerdos posibles en estas medidas y objetivos. La izquierda, en tal sentido, debe buscar aliados en sus iniciativas, pero sin que pierdan el objetivo que les da sentido.

El país necesita que la oposición supere una actitud puramente denunciativa, y aporte en propuestas y medidas concretas que garanticen que la acción estatal actual efectivamente sea universal y llegue donde se necesita, en lugar de generar nuevas oportunidades de aprovechamiento económico por parte del empresariado. El gran dilema que enfrenta la oposición, en este sentido, es articular el tenor de estas medidas por el cuidado de la vida con horizontes más grandes de transformación, que habían sido puestos en el centro del debate nacional tras el estallido de octubre de 2019.

2.- Que la crisis no justifique una profundización de las desigualdades.

Los impactos económicos de la crisis sanitaria ya se dejan ver a nivel nacional y mundial. El aumento creciente de la cesantía, los dilemas de las nuevas prácticas laborales y una anunciada recesión económica abren la interrogante sobre quién debe sostener la crisis. Los anuncios del gobierno en la materia, lejos de producir esperanzas, han puesto la alerta en la “letra chica” por los posibles traspasos de fondos para acrecentar la acumulación de algunos sectores, a costa de las urgencias de las y los trabajadores.

Las fuerzas democráticas no deben caer en el modo en que se plantea, desde la derecha, la dicotomía entre el cuidado de la economía y el cuidado de la vida. El problema no es desatender la urgencia económica, sino el tipo de economía que queremos. La cuestión es si se va a proteger una economía en que el centro sea la vida y el bienestar de las personas, sobre todo en esta hora crítica, o a defender una economía que pone en el centro la ganancia y la concentración de la riqueza a costa de la vida. El telón de fondo de este dilema es que hemos de ser capaces de formular correcciones y medidas concretas que perfilen el sentido social y colectivo de la economía, resistiendo aquellos intentos de utilización de la crisis para la acumulación rentista y la concentración de la riqueza.

Así, primero, se debe evitar la ampliación de la bancarización de los servicios sociales. No tienen que ser los bancos los que decidan quiénes acceden a políticas de salvataje en un escenario de urgencia sanitaria. Hay que tender a medidas de transferencia directa. Segundo, la defensa del trabajo no debe depender de la situación específica de empleo o de los ahorros individuales de las y los trabajadores. Una renta básica de emergencia universal desde fondos generales y un apoyo directo del Estado a MiPyme (que no acceden a la banca), pueden reactivar la demanda y no elevar las brechas sociales y de género ya existentes. En efecto, el seguro de desempleo, la devolución anticipada de impuestos o bonos para empleo informal sin las consideraciones anteriores, obligarán a que cada persona enfrente individualmente la crisis sanitaria, lo que no hace sino reforzar la lógica neoliberal. Tercero, hay que evitar medidas que suspendan unilateralmente la negociación colectiva y resten autonomía a sindicatos, que son claves para elaborar medidas de emergencia, pactos con empleadores (salario, productividad, empleo) y protección de salud de la fuerza de trabajo.

3.- Reponer el papel central de los derechos sociales para el cuidado de la vida.

La crisis sanitaria visibilizó la centralidad de los cuidados para la reproducción de la vida, y con ello, el grado en que se ponen en peligro por su mercantilización reciente. Esta era una lucha que venían encabezando los movimientos sociales y feministas durante los últimos años. La situación de urgencia ha demostrado que la educación, la salud, los cuidados son más que las aulas, los hospitales o las casas. Se trata de cuestiones imposibles de satisfacer individualmente y que han sido, la mayor parte de las veces, sostenidos por mujeres. Son las mujeres quienes se encuentran hoy más expuestas a las precariedades de servicios sociales desmantelados o aún inexistentes.

Hoy es urgente reponer una agenda de recuperación de los derechos sociales, pues su sentido fundamental es proveer certezas y espacios para la protección y bienestar de la vida, para que aquellos aspectos no dependan de la incertidumbre del mercado o de la naturaleza. El Estado debe crear sus propios brazos para llegar a la población, sin depender de la banca o instituciones privadas para ello. Para ello se deben proponer medidas que reorienten las instituciones de servicios sociales que existen, propendiendo a su coordinación a nivel de Estado -salud, educación y otros-. Esto implica que sus exigencias deben suspenderse cuando producen agobio en las personas, y sus metas deben reorientarse para cuidar la vida en un momento de incertidumbres. En tal sentido, las deudas generadas tanto por salud como educación deben ser suspendidas, dando tranquilidad a las personas y permitiendo que esos recursos se incorporen como mayor poder adquisitivo de las personas en la economía real, reactivándola.

4.- ¿Renacimiento de una oposición social?

La izquierda, en sus diversas expresiones políticas y organizacionales -nuevas y tradicionales-, puede articular y potenciar las iniciativas populares que han reactivado prácticas de solidaridad y de respuesta colectiva ante la crisis. Allí despuntan redes de distribución de alimentos, de apoyo mutuo de mujeres ante el potencial aumento de la violencia doméstica, entre otros tipos de iniciativa. Acompañar y promover estas redes que enriquecen el tejido social en un sentido no instrumental -a través de la acción militante y de representantes locales, regionales y nacionales, con organizaciones afines, capacidades comunicativas, iniciativas legislativas o municipales-, es una oportunidad de reconexión y vigorización para la izquierda. A su vez, en sus diversos esfuerzos comunicacionales y de difusión puede construir un discurso que muestre una política alternativa frente al copamiento mediático de la “nueva normalidad”, dando visibilidad y respuesta a los dilemas reales que están enfrentando las y los chilenos.

Ni los malestares que gatillaron el movimiento de octubre de 2019, ni la fuerza de las más de dos millones de mujeres que coparon las calles el 8 de marzo, se ha ido. La normalidad es el problema. En efecto, surgen ya expresiones de acción y protesta en los sectores populares; e independiente del juicio que se haga de ellas, lo cierto es que expresan descontentos reales que se han agudizado con la pandemia. Lejos de condenar la protesta con el móvil político de siempre que busca la derecha, esta vez bajo pretexto de la crisis sanitaria, es responsabilidad de todas las fuerzas sociales y políticas organizadas del campo democrático que estas expresiones actuales de la acción y protesta permitan conquistas y cambios que cuiden la vida, en el horizonte de mayores transformaciones en el proceso constituyente en curso. Es decir, que tengan un papel edificante e incidente en la gestión de la crisis, articulando la acción social y la acción política en evitar que sectores empresariales usen la crisis para ampliar su acumulación rentista, y en implementar medidas estatales concretas que eleven el bienestar y las certezas de las personas en esta hora crítica.

Las fuerzas democráticas se encuentran en el dilema de articular una respuesta eficaz para la crisis, que ponga en el centro el cuidado de la vida y el bienestar, con su horizonte de más largo plazo de transformación, de superación del neoliberalismo como régimen histórico. Sin abandonar ninguna de estas dos tareas en aras de la otra, su capacidad se medirá en cuanto logre articularlas.

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Nº1 Análisis de Coyuntura 2020
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El trabajo de Nodo XXI se estructura en torno a la promoción de diálogos, debates y acción, la formación de dirigentes y la elaboración de estudios, propuestas y opinión. Esto, con la perspectiva de pensar un proyecto alternativo al neoliberalismo que permita hacer de Chile un país inclusivo, justo y democrático.