Camila Miranda (Nodo XXI) tildó la cuenta pública de Kast como una “cuenta sin cuenta” que sustituye el derecho por la esperanza para eludir compromisos concretos. Advirtió que la omisión de términos como desigualdad y el foco en el individuo solo buscan desmantelar el rol garante del Estado frente a una gestión que, en menos de tres meses, ya ha contravenido el 6% de su propio programa
El análisis técnico de las 440 medidas contenidas en las bases programáticas y los diversos planes del gobierno muestra un panorama desolador: a casi tres meses de gestión, solo una medida ha sido cumplida totalmente (un aumento de recursos para la Contraloría), lo que equivale apenas al 0,23% de avance.
Sin embargo, el hallazgo más crítico no es la lentitud, sino el incumplimiento activo. El informe detectó que el Ejecutivo ya ha contravenido o incumplido 31 compromisos, lo que representa un 6% del programa total. Estos retrocesos afectan áreas que Kast prometió proteger:
Camila Miranda, directora de Nodo XXI, profundizó en la raíz ideológica del discurso presidencial, señalando que la falta de datos concretos no es un error, sino una decisión política para desmantelar la noción de derechos garantizados.
A continuación, se transcribe de forma íntegra su primera exposición en el seminario:
Quería abordar dos dimensiones del estudio a propósito de la cuenta pública, que no lo podemos dejar de fuera al mirar estos resultados.
Lo primero es la apuesta discursiva del presidente, porque en términos de medida es una cuenta sin cuenta: no da medidas, no da números, no explicita compromiso y es muy coherente con los resultados que acá Paula y Javiera mostraban al mirar los 440 compromisos y en qué sí y en cuáles ya se han contradicho. Y respecto a la parte discursiva es interesante porque pone la emergencia como excusa y la esperanza es el antídoto. Entonces estamos en una situación en un primer momento donde hay problemas graves, donde hay un responsable que está en el pasado y las perspectivas son más bien trascendentes de la fe y la esperanza que así todos juntos salimos adelante.
Y entonces instala una serie de conceptos que son propios de una tradición conservadora o un proyecto de derecha muy claro y es más evidente cuando uno observa lo que no está presente en su discurso. En su discurso no se habla de desigualdad, no aparece el término derecho. O sea, hay conceptos que uno podría decir está habituado a escuchar cuando el Estado a través de sus representantes se expresa públicamente. Acá esos conceptos están ausentes y son reemplazados por otros conceptos.
Aparece de nuevo el individuo como la unidad principal. Cuando el presidente habla de experiencias vitales, habla de individuos solos que se esfuerzan, que esperan, que son resilientes, pero siempre solos. No aparece ni el organizado ni el que con otros construye. No aparece ese otro tipo de elemento de lo más colectivo. Aparece una neutralización del conflicto. Cuando Kast habla de ‘Chile con todos’, ‘cuenta con todos’, justamente está tratando de neutralizar algo que era de alguna manera a veces esperable que fuera muy recurrente la apelación al gobierno anterior y de alguna manera no aparece y trata entonces de neutralizar el conflicto y mostrarse como alguien que está mirando Chile, pero Chile está atravesado por muchos conflictos que para alguien que necesita gobernar no los puede dejar de abordar.
La fe, como decía, como una categoría política que aparece y es muy llamativo. La fe y la esperanza son elementos con los cuales convoca a la ciudadanía a esperar, a ser pacientes. De alguna manera reemplaza el derecho por la esperanza. Las personas no tienen derecho, sino que tengan esperanza, que esperen, que sean pacientes. El otro elemento desaparece y me parece superinteresante de poner porque justamente, ¿cuál es el incentivo que tiene para decir ‘vamos a cumplir con los derechos de las personas’? Desaparece como categoría y entonces luego no tiene que ser exigida y el Estado no tiene un rol de garantizar esos ámbitos.
Y lo último a propósito de los ejes del discurso de Kast, que los quería cruzar con los elementos del estudio. Él habla de seguridad. En seguridad, como vimos ya abundantemente, las medidas donde dice que hay avances en los narco-funerales, control fronterizo, son políticas de continuidad y además no se hace cargo de explicar por qué los planes con eslóganes vistosos que vimos durante la campaña desaparecieron. No justifica si no eran buenos, no justifica si es que faltaban herramientas, no explica, o sea, no nos da una cuenta de qué pasó con todos esos elementos que vimos semana a semana y que coparon el debate y que afectan efectivamente la democracia.
Segundo, respecto del crecimiento, que va de la mano con el empleo. Y aquí, además de que tenemos como correlato la mega reforma que avanza, hoy día estaban solicitando más endeudamiento para el Estado, una cuestión llamativa y además en la cuenta baja la meta de los empleos: dice 300.000 empleos y en la Comisión de Hacienda habló de 600.000 empleos que se iban a crear. Entonces, también hay un ajuste ahí en que parece que no se puede tanto.
El tercero es respecto de la salud y aquí como desaparece la idea de derecho, no es tan costoso decir que a la par que dice ‘vamos a incentivar abordar las listas de espera’ haya un recorte de 413.000 millones de pesos al día en el Ministerio de Salud. Parece que no hay que hacerse cargo de esa dimensión. Y en infancia pasa lo mismo. Habla de la infancia que tiene que ser priorizada en distintos ámbitos de seguridad, salud, educación, pero llevamos, como dice el informe, un recorte de 17.800 millones en JUNJI. Entonces, para ilustrar un poco que los ejes principales tienen elementos que, como dice el estudio, ya fueron incumplidos. Por ahí me quedo».
El mito de la seguridad y el «Desafío 90»
Aunque la seguridad fue el pilar de su campaña, los resultados muestran una gestión «al debe». Los planes emblemáticos como el Plan Implacable (seguridad) y el Plan Reinicia (fiscalización) registran un 0% de avance. Además, se evidenció que muchas medidas presentadas como logros propios son, en realidad, una herencia institucional de la gestión anterior, como la ley de narco-funerales y la infraestructura crítica.
Respecto al plan «Desafío 90», el análisis demuestra que las promesas de cambios radicales para los primeros tres meses no pasaron de ser una estrategia de marketing. La falta de planificación concreta ha llevado a que metas estratégicas, como la creación de empleos, se reduzcan a la mitad de lo prometido originalmente.
