El plan del gobierno para apoyar a quienes no pueden trabajar por la cuarentena ha sido muy criticado. En esta columna los autores analizan la viabilidad de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para todos los mayores de 18 años en Chile (14,6 millones de personas). Proponen financiarlo, en parte, con un impuesto de 2% a quienes tienen más de U$5 millones de patrimonio. El shock económico que se avecina “debe ser distribuido equitativamente, evitando que los más desaventajados paguen los mayores costos. Una forma bien documentada para hacerle frente es el ingreso básico”, escriben.
Es relevante considerar la creación de un sistema nacional de cuidados, la expansión de derechos sexuales y reproductivos, la reducción de la jornada de trabajo para toda la población y, acciones afirmativas y de educación que enfrenten los estereotipos y la violencia de género en los servicios públicos.
“Buena parte de los costos de la pandemia han sido cargados en los hombros de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, ya sea porque atienden en el servicio de salud, ya sea porque están entregando algún tipo de ayuda económica, ya sea porque están manteniendo algún servicio elemental funcionando, para que el agua llegue a nuestros hogares y para que nos retiren los residuos de nuestras casas”, lo que releva además una carga de trabajo adicional para este grupo de trabajadores, reconoció el sociólogo Giorgio Boccardo.
“Si sacamos el promedio de cuánto equivaldría la contribución de las mujeres al PIB nacional en Latino América, con su trabajo doméstico de cuidados no remunerado, es del 20% del Producto Interno Bruto”, Ailynn Torres, investigadora feminista cubana.
Pese a que gran parte de la población realiza salidas para actividades durante la semana, el uso de transporte público es bajo entre quienes poseen un trabajo remunerado o son empleadores, según revela un estudio de la U. de Chile y el Colegio Médico.
En Argentina se está reclamando reconocimiento salarial y de derechos laborales para la tarea de cuidados, en tanto, en Uruguay los cuidados ha sido un tema de grandes avances en los últimos años, que fueron motorizados por la sociedad civil, y particularmente por organizaciones de mujeres y feministas, y que tuvieron desde 2005 el apoyo de las 3 administraciones siguientes.
El movimiento feminista había develado la violencia estructural y sexista del sistema neoliberal al poner en la palestra pública los cuidados. La invisibilización de ese trabajo realizado principalmente por mujeres, estalla con las crisis sanitaria y nos llama a complejizar la mirada para abordarla.
Publica Radio u. de Chile: «urge diseñar una nueva arquitectura laboral que recupere derechos que el neoliberalismo expropió al trabajo asalariado tradicional, pero también avanzar en una institucionalidad y organización de estas nuevas formas de trabajar».
Ciper publica: El plan del gobierno para apoyar a quienes no pueden trabajar por la cuarentena ha sido muy criticado. En esta columna los autores analizan la viabilidad de un Ingreso Básico de Emergencia (IBE) para todos los mayores de 18 años en Chile (14,6 millones de personas). Proponen financiarlo, en parte, con un impuesto de 2% a quienes tienen más de U$5 millones de patrimonio. El shock económico que se avecina “debe ser distribuido equitativamente, evitando que los más desaventajados paguen los mayores costos. Una forma bien documentada para hacerle frente es el ingreso básico”, escriben.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social no escucha estas demandas. Se reúne incluso con gremios empresariales como la CPC o la Asociación de Isapres, pero no considera espacio alguno para dialogar con sindicatos. Así las cosas, se repiten las recetas de la crisis del 2008, donde los trabajadores pagan las consecuencias y se abrieron nuevos mercados para el gran empresariado. Una vez más, el Gobierno sigue sin entender que los costos de una posterior crisis económica se van a agudizar si no se establecen condiciones mínimas de garantía y resguardo de las condiciones de vida de las y los trabajadores.
